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martes, 11 diciembre, 2018
NOTICIAS LOCALES

Matrimonio peruano-argentino, obligado a dejar el país

TAMPA - En la voz de la peruana Patricia García hay dolor e impotencia. García y su marido, el ciudadano argentino Miguel Torres-Bruno, han estado en el país por más de 25 años, pero el próximo 2 de enero tendrán que irse deportados, luego de que su asilo político fuese desestimado y las autoridades de inmigración acelerasen una orden de salida.

“Es una injusticia porque ellos (las autoridades de inmigración), perdieron nuestro expediente. Nosotros somos un matrimonio que siempre pagó sus impuestos y nunca dejó de trabajar honestamente”, dijo García en una entrevista con CENTRO Tampa. “Alguien debió escucharnos, alguien tuvo que poner más atención”.

El desconsuelo de García y su esposo es aún mayor debido a que cuando abandonen el país, tendrán que separarse de su único hijo, Juan Miguel, de 26 años. Juan Miguel vino con sus padres cuando tenía nueve meses de nacido. No puede ser deportado ya que se encuentra protegido por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La historia de esta familia comenzó en 1993 cuando llegaron a Estados Unidos buscando asilo político. En su camino dejaron Lima, debido a las amenazas y el peligro de Sendero Luminoso, un grupo terrorista que sembró una política de terror, atentados y ejecuciones.

El matrimonio se instaló temporalmente en Miami, visitó Tampa y finalmente se estableció en Orlando. Se dedicó exitosamente al negocio de bienes raíces, dio empleo a otros y jamás tuvo problemas con la ley.

Allegados a la familia de García (hermanos, sobrinos, primos) tomaron la misma determinación: salieron de Lima con lo poco que pudieron y solicitaron la protección del gobierno estadounidense como asilados políticos. Sus peticiones fueron aprobadas a mediados de la década de los noventa y se hicieron residentes. Cinco años después, tramitaron sin ningún problema sus ciudadanías. Todo lo contrario, ocurrió con el caso de los Torres-García pues, según explicaron, las autoridades de inmigración perdieron sus expedientes y, cuando finalmente los encontraron, el gobierno resolvió en su contra y procesó su deportación.

De acuerdo con el testimonio de García la situación tomó un giro inesperado en el 2004 cuando recibieron una carta de las autoridades indicándoles que su petición de residencia y asilo político había sido ‘desestimada’. Lo curioso es que dos años antes, es decir, en el 2002, el matrimonio aseguró que había sido notificada de que su expediente y la grabación de su entrevista de rigor con un juez de inmigración no estaban en los archivos.

“En ese tiempo nos dijeron que se habían perdido. Así de simple”, recordó García. “Pero en todo caso en la carta del 2004 nunca se habló de deportación ni de que teníamos que dejar el país. Entonces ¿por qué nos hacen esto? Nosotros no tenemos la culpa. Nosotros no perdimos nuestros papeles, ellos lo hicieron”.

A pesar de estos inconvenientes el matrimonio no dio por perdida la batalla y reclamó por sus derechos. A mediados de la década del 2000 apeló el dictamen y logró dar un paso hacia adelante. Así, consiguieron que las autoridades continuasen renovándoles un permiso de trabajo cada año.

Sin embargo, en septiembre del 2010 la situación volvió a complicarse para el matrimonio cuando recibieron la visita inesperada de agentes del ICE en la puerta de su domicilio.

“Ese día se llevaron a mi esposo a las 6 de la mañana”, dijo García. “A mi hijo, que en ese momento tenía 17 años, no lo tocaron de milagro porque faltaban 11 días para que cumpliese 18. Tampoco a mí, por ser la madre de un hijo menor”.

Posteriormente el marido de García fue liberado. El matrimonio presentó un recurso conocido como ‘stay of removal’, herramienta que bajo la administración del expresidente Barack Obama permitió y dio espacio a miles de inmigrantes y sus familias a tramitar una suspensión o aplazamiento temporal de una orden de remoción. Pero con el cambio de gobierno y los ajustes a las políticas bajo la administración de Donald Trump, el ‘stay of removal’ dejó de ser una opción sin fecha de vencimiento en las cortes de inmigración.

Según las autoridades, esta herramienta nunca fue creada para aplazar indefinidamente una deportación, sino que fue ideada como un beneficio ‘humanitario’ y de carácter ‘temporal’.

En una conversación telefónica con CENTRO Tampa, Juan Miguel, el hijo del matrimonio dijo que sus padres son víctimas de una situación de la que no son responsables. El joven se graduó en el 2015 como kinesiólogo en la Universidad Central de la Florida. Su DACA vence en septiembre del 2019.

“Creo que es todo esto es muy triste y me siento frustrado, pero no quiero dejar de luchar por ellos”, comentó Juan Miguel. “Ellos han trabajado muy duro por tener una casa, por tener una vida en este país y por darme una educación. No es justo, no lo es”.

Las consecuencias de esta y otras historias bajo la sombra de una política de mano dura pueden seguir complicando el futuro inmediato de la comunidad inmigrante, según analistas familiarizados con el tema.

Wilfredo Amr Ruiz, vocero legal y director de comunicaciones de CAIR-Florida, una organización de raíces musulmanas en Florida que trabaja para proteger las libertades civiles y promover la justicia de las minorías, incluyendo la hispana, criticó la política actual que se maneja sobre el tema migratorio.

“Es lamentable que se empeñe en institucionalizar la estigmatización de las minorías y las etnias raciales y religiosas como una amenaza a la seguridad pública”, dijo Ruiz. “Sencillamente no se contribuye al bienestar social”.

Las autoridades de la Agencia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) rechazaron cualquier alegato de discriminación y sostuvieron que todos los procedimientos siempre responden a las leyes federales.

El caso del matrimonio peruano-argentino no es la excepción, de acuerdo con un correo enviado a CENTRO Tampa por Tamara Spicer, vocera del ICE.

“Miguel Torres-Bruno, de 60 años, ciudadano argentino, y Martha García, de 61 años, ciudadana peruana, recibieron una orden de deportación por parte de un juez de inmigración el 9 de octubre de 2002”, agregó Spicer. “Como ambos casos tuvieron el debido proceso migratorio con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, dependiente del Departamento de Justicia), la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Operaciones de Remoción (ERO), están retirando a la pareja de Estados Unidos de conformidad con la ley federal, la política de la agencia y la orden de los tribunales”.

Sin embargo, Torres-Bruno dijo que el desarrollo de los hechos no se ajusta a lo que dicen las autoridades.

“Lo nuestro tiene 25 años de historia y hemos estado todo este tiempo apegados a la ley”, explicó Torres-Bruno. “Estamos padeciendo una injusticia. Pero estoy seguro de que el camino se abrirá. Y si no es para nosotros, espero que lo sea para el siguiente”.

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