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lunes, 22 julio, 2019
Latinoamérica

Chile: hijos de ejecutados en dictadura piden reconocimiento

SANTIAGO DE CHILE (AP) — Dos meses antes de que Tamara Lagos naciera, en octubre de 1984, su papá fue asesinado por agentes de la dictadura chilena de Augusto Pinochet.

Al poco tiempo, su madre y ella partieron al exilio en Argentina. Cuando volvieron, cinco años después, Tamara no pudo obtener una partida de nacimiento donde constara el apellido de su padre porque él ya había fallecido y no podía reconocerla como su hija.

A casi tres décadas de la caída del régimen 1973-1990, Chile avanza en el castigo a las violaciones a los derechos humanos, pero persiste en discriminar a quienes nacieron tras la muerte de sus padres, opositores asesinados en operativos represivos del régimen.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el Cono Sur de América Latina tuvo diversos dictadores y Chile es uno de los países que aún tiene deudas con su pasado. Tamara y Luciano Aedo son dos de los chilenos conocidos como “hijos póstumos” de la dictadura y ambos han enfrentado a la justicia para que se les legitime como víctimas. La falta de reconocimiento legal del lazo sanguíneo con sus padres no sólo los priva de obtener documentos de identidad correctos, sino que les impide acceder a herencias familiares y a derechos que la ley contempla para resarcir daños a quienes padecieron la opresión.

Aunque sus vidas han sido distintas, las historias de Tamara y Luciano tienen algo en común: ambos perdieron a sus papás en 1984 y conocen lo que es luchar por legitimidad jurídica. Hasta 1998, cuando la legislación se modificó en su favor, lo único a lo que podían aspirar era a ser reconocidos como “hijos ilegítimos” --es decir, nacidos fuera del matrimonio-- y por ende carecían de partidas de nacimiento que incluyeran su apellido paterno.

La familia de Tamara logró que se le reconociera como hija ilegítima de Mario Lagos Rodríguez en 1994 y gracias a ello logró cursar una carrera universitaria sin costo y obtuvo una pensión mensual de 40.000 pesos (unos 57 dólares) mientras duraran sus estudios, beneficios destinados a los familiares de víctimas de la dictadura.

En el caso de Luciano, su padre --Luciano Aedo Arias-- fue asesinado en el mismo operativo que acabó con Lagos. La muerte ocurrió cinco meses antes del nacimiento, por lo que Luciano también es considerado “hijo ilegítimo”.

La suerte de ambos corrió un rumbo distinto porque en abril Tamara logró algo inédito en la historia de su país: ser la primera chilena reconocida como hija legítima de un opositor asesinado en la dictadura.

La más reciente batalla legal de Tamara inició en 2018 con ayuda del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuando presentó un recurso de amparo contra el Registro Civil, que le negó una partida de nacimiento con el apellido de su padre alegando que no podían interpretar la ley de filiación modificada en el 98’ y que la norma no era retroactiva.

El Registro rechazó solicitudes de entrevista de AP para comentar el tema.

Rodrigo Bustos, encargado jurídico del INDH, explicó que tomaron el caso de Tamara porque “estaba sufriendo una vulneración a nuestro juicio de derechos humanos porque no se le reconocía la calidad de hija”.

El amparo fue rechazado por la Corte de Apelaciones pero la Corte Suprema lo aceptó por unanimidad en abril de 2019 y ordenó al Registro corregir los datos y la partida de nacimiento de Tamara, quien recibió ese mismo mes su primer documento de identidad en el que Lagos aparecía como su padre.

El Programa de Derechos Humanos chileno declinó entregar a AP el número de casos similares a los de Tamara y Luciano. En los registros de la primera de tres comisiones de verdad chilenas figuran otros nueve casos similares.

En Argentina, Paraguay y Uruguay, la formación de comisiones de verdad fue vital para cuantificar las violaciones a los derechos humanos, buscar justicia y definir políticas reparatorias. Aunque Bolivia creó la suya apenas en 2017, ya identificó a 130 desaparecidos.

Argentina y Chile destacan por el avance en la búsqueda de la verdad y la justicia, pese a que en el caso chileno los tribunales avanzaron hasta bien entrado el siglo XXI. Los argentinos, en cambio, procesaron a las Juntas Militares a dos años de recuperar la democracia.

A la fecha, en otros países de la región no se tiene registro de que existan casos como los de los “hijos póstumos”.

La herida sigue abierta para miles de chilenos y el tema de la dictadura es recurrente en la política y la sociedad. Muchos, por ejemplo, no logran perdonar a la expresidenta Michelle Bachelet, quien hoy es Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque durante su segundo mandato (2014-2018) incumplió una de sus promesas de campaña: cerrar el penal de Punta Peuco, una cárcel para violadores a los derechos humanos donde éstos viven cómodamente.

A pesar de ello, la misma Bachelet reconoce los retos que la región enfrenta en esta materia. “Queda aún mucho más por hacer hasta que se consiga plenamente el objetivo de conocer la verdad, alcanzar la justicia, lograr la reparación de las víctimas y establecer las garantías de no repetición. Estas metas son esenciales y son irremplazables”, dijo en respuesta a un cuestionario escrito de AP.

Ante los peores crímenes de lesa humanidad en la región, Bachelet agregó que “renunciar a la verdad sobre el paradero de las personas desaparecidas no es una opción”.

En el caso de Chile, como en otros países, el problema de impunidad ha tenido mucho que ver con la ley.

Una de las normas que por años impidió que se castigara a criminales de la dictadura fue una Ley de Amnistía que Pinochet impuso en 1978. Gracias a ella, quienes cometieron violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1978 quedaron protegidos. Y aunque ésta dejó de aplicarse en 1990, en el país aún rige un secreto legal que prohíbe acceder a los testimonios de 28.000 torturados que revelaron a una segunda comisión de verdad los nombres de sus flageladores. Esta última impide el uso de los datos hasta el año 2054, por lo que también contribuye a que los criminales sigan sin castigarse.

Sobre esto último, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, opinó que el silencio impuesto a los testimonios de los torturados políticos “es parte de la impunidad... no les importó esconder el nombre de los genocidas”.

Aunque no lo conoció, Tamara se conmueve cuando habla de su padre.

“A papá lo mataron hace casi 35 años, los mismos 35 años que yo llevo en el mundo”, dijo a la AP.

Tras el asesinato en 1984 y su regreso del exilio en Argentina en 1989, su abuela fue la que tuvo la idea de iniciar la lucha por su reconocimiento. Para Tamara, fue un gesto para que su familia lograra asentar los lazos de paternidad de los que carecía.

Y aunque su caso fue un parteaguas para otros “hijos póstumos” de la dictadura chilena gracias a que finalmente obtuvo la partida de nacimiento que la reconoce como hija legítima de su padre, el pasado no se olvida.

“El fallo no alcanza una reparación, no alcanza a hacer justicia, no alcanza a ser alegría”.

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Los periodistas de AP Jamey Keaten en Ginebra, Suiza; Almudena Calatrava en Buenos Aires, Argentina; Carlos Valdez en La Paz, Bolivia; Pedro Servin en Asuncion, Paraguay; y Leonardo Haberkorn en Montevideo, Uruguay, contribuyeron con este reportaje.

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