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s�bado, 21 septiembre, 2019
Centro Latin American News

El suicidio de García no impone ningún final

TAMPA - La noticia dejó a muchos con el pensamiento en el aire: ¿Será cierta la información o acaso se tratará de una noticia falsa, inverosímil, de aquellas que se hacen virales en las redes sin ninguna base ni fundamento?

Pero no. El asunto fue y es real. El expresidente Alan García se había disparado en la cabeza cuando un fiscal de oficio y un contingente policial llegó a su casa para detenerlo por 10 días en horas de la mañana del miércoles, 17 de abril. Antes, dejó una carta de despedida.

Las autoridades parecían haberlo acorralado en la línea de una investigación muy bien llevada por al Poder Judicial peruano. Las pesquisas indicaban que la constructora brasileña Odebretch habría hecho pagos ocultos para que el gobierno de García le adjudicase un tramo del Metro de Lima y lo favoreciese con una porción del proyecto de construcción de la llamada Carretera Interoceánica.

El exmandatario siempre negó todas estas acusaciones y se presentó, dentro y fuera del Perú, como una víctima de una cacería de brujas, orquestada por la administración del presidente Martín Vizcarra. Con insistencia y actitud prepotente García solía decir que la historia siempre estaría de su lado y que sus adversarios políticos jamás llegarían a comprobar que había o no favorecido a unos pocos con el propósito de inflarse los bolsillos.

García tenía 69 años y había ocupado la presidencia peruana en dos períodos gravitantes en la historia del país: de 1985 a 1990, y posteriormente del 2006 al 2011.

En el primer capítulo de su gobierno García asumió el poder con poco más de 35 años de edad y una creciente popularidad en el electorado por su mensaje antiimperialista, de equidad social, y de búsqueda incesante de oportunidades para los menos favorecidos. Su apuesta ciega e irresponsable por un elevado gasto público sin ahorros de ningún tipo llevaron al Perú a un descalabro económico nunca antes visto. La mano de García hundió la reserva nacional y aisló al país al declarar la estatización de la banca privada y ordenar el cese del pago de la deuda externa.

Para aquellos que, como yo, crecimos en medio de esta soberana crisis interna, los recuerdos suelen transformarse en pesadillas por esas interminables filas que hacían nuestros padres para comprar una bolsa de pan, un poco de leche o cualquier otro producto de la canasta básica familiar.

El desabastecimiento (que me hizo bajar de peso) se sumó a la violencia terrorista de Sendero Luminoso, un grupo que, en los años de la primera gestión de García, estuvo muy cerca de ganar la batalla.

Dos años después de haber finalizado su primer gobierno, las voces sobre corrupción y lavado de activos comenzaron a desdibujar la imagen de García. Así huyó a Colombia con un asilo político que se prolongó por casi nueve años hasta la caída del presidente Alberto Fujimori, en el 2001.

Cinco años después de su regreso, García volvió a ganar una elección presidencial y, fiel a su estilo, dejó su mandato con nuevas acusaciones sobre malversación. Pero esta vez el líder del partido Aprista no se libró tan fácilmente de las acusaciones, aunque llegó a intentarlo cuando se ‘refugió’ temporalmente en la embajada de Uruguay, a inicios de noviembre del 2018, con el propósito de solicitar asilo político. La respuesta del gobierno uruguayo lo dejó en la calle.

Por eso cuando hacemos un repaso a la radiografía de vida de García y a su decisión planeada, egoísta, acaso cobarde de quitarse la vida para evitar su arresto o enfrentar a la justicia, nos llena de frustración y amargura.

Digo esto porque el suicido de García no se trató de ningún acto heroico ni salvaje para decirle al mundo que la justicia en el Perú no funciona. No.

Por primera vez en mucho tiempo las autoridades peruanas, y un puñado de fiscales liderados por José Domingo Pérez, están luchando ferozmente para acabar con el cáncer de la corrupción y llevar a los que se hicieron ricos, o más adinerados que nunca, a funcionarios de la gestión pública que se olvidaron de los intereses nacionales.

García no ha sido el único que carga signo de interrogación. En la misma balanza se encuentran los expresidentes Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. Sin mencionar a otras figuras del aparato político nacional, como Keiko, la hija de Fujimori, y varios exministros, asesores y miembros de las Fuerzas Armadas que también quisieron beneficiarse de la parranda orquestada por Odebrecht.

Los propios funcionarios y representantes de esta empresa han admitido que pagaron aproximadamente $29 millones de dólares en sobornos y regalos en efectivo en Perú durante al menos tres diferentes gobiernos, incluyendo (por supuesto) el del fallecido García.

Quienes asumen que con la muerte del expresidente García se acaba la novela, se equivocan. Especialmente porque se trataría del inicio de muchos actos por venir.

El columnista es periodista peruano. Puede escribirle al correo: jchavez@tampabay.com

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